Perro maltratado / cedida

La Guardia Civil investigó a un vecino de Zalamea de la Serena por un supuesto delito de maltrato animal

Albergaba cinco perros en parte trasera de su domicilio, con evidentes síntomas de desnutrición y condiciones precarias de salubridad

F. VÁZQUEZ / M. T.

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Zalamea de la Serena como presunto autor de un delito de maltrato animal, informa la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz en nota de prensa.

Según se detalla en el comunicado de prensa, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Zalamea de la Serena y del SEPRONA de Castuera tuvieron conocimiento, mediante información de un vecino ilipense, de la existencia en una vivienda de su localidad de varios animales que se encontraban en mal estado.

Con los datos aportados se ubicó el inmueble y se llevó a cabo su inspección, donde hallaron un total de cinco perros. Animales que se hallaban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal.

Estos animales carentes de documentación sanitaria, sin vacunas y tratamiento de desparasitación, así como de microchip, presentaban evidentes síntomas de desnutrición con extrema delgadez y abandono, e infectados por parásitos que en alguno de ellos habían provocado serios problemas en la piel.

Con las gestiones practicadas y pruebas incriminatorias, se identificó al propietario de los animales, vecino también del mismo municipio al que se le han instruido diligencias por un supuesto delito de maltrato animal, por la omisión en la debida atención y cuidado de sus perros, así como por la desnutrición y absoluta falta de salud e higiene de los animales, y han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Castuera.

Delito contemplado en el artículo 337 del vigente Código Penal. Enfrentándose a penas de prisión de hasta un año e inhabilitación de hasta tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales. Pudiendo agravarse la pena por la muerte de los animales, hasta 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación.

Una vez fueron examinados por facultativos veterinarios, determinaron la necesidad de sacrificar a uno de los animales al sufrir una enfermedad muy avanzada e irreversible que compromete su calidad de vida.